L'Ethique Barbare

Más allá de nuestra democracia…

 

Para aprender del fracaso de nuestros sistemas democráticos, primero hay que deshacerse de sus engañosas narrativas

 

Actualmente las democracias liberales revelan fallas profundas en el momento mismo en que nuestra capacidad colectiva para pensarlas se erosiona. Este ensayo propone una crítica — progresista y humanista — de la democracia tal como se ha institucionalizado: análisis de las arquitecturas constitucionales que concentran el poder en lugar de limitarlo; deconstrucción del mito de la democracia representativa, que confunde legalidad y legitimidad, opinión y verdad; y explora finalmente un conjunto de vías de refundación — primacía de los valores sobre los procedimientos, deliberación ciudadana ilustrada, reforma de la representación, anclaje de las decisiones en el saber.

Puntos fuertes

 

 

En este primer cuarto del siglo XXI, vivimos un momento crítico para que la sociedad global aprenda las lecciones del fracaso de nuestros sistemas modernos de gobernanza democrática. Desencadenadas por las profundas crisis climática, ecológica, energética y económica que se venían gestando desde los años 70, asistimos atónitos a un seísmo autoritario que sacude profundamente las instituciones del orden internacional y los fundamentos del Estado de derecho de la mayoría de las naciones "desarrolladas". Sería pues un momento clave para comprender cuáles son los mecanismos de la ingeniería constitucional y de los dispositivos políticos que no han sabido ser los eficaces diques contra el autoritarismo y la arbitrariedad contra los que se suponía debían protegernos.

Desafortunadamente, el momento presenta también una paradoja histórica en la construcción del pensamiento político global. Y aquí reside una paradoja fatal: esta ventana de oportunidad para aprender de nuestros errores se presenta en el momento mismo de una degradación general de las condiciones cognitivas necesarias para la deliberación colectiva y de una contracción epistémica estructural que nos impide pensar la sociedad.

Así, los sueños de sociedades prósperas y justas, en un dulce equilibrio de fuerzas y poderes delicadamente instituidos, han dejado ahora paso a unos pocos escenarios tendenciales distópicos de los que no sabemos desligarnos; que no sabemos repensar.

Sin embargo, repensar las organizaciones ideales de nuestras sociedades futuras es indispensable. ¿Pero cómo pensar sobre los escombros de las promesas y los andamios sabiamente construidos por nuestros ilustres predecesores? ¿Qué es deseable para una humanidad ahora globalizada, hiperconectada, que parece tambalearse entre los abismos de un colapso energético, de los recursos ecológicos y de las catástrofes climáticas, todo ello bajo la incierta sombra de una superinteligencia artificial intrusiva?

 

La presente reflexión — que toma prestado enormemente de constitucionalistas y filósofos políticos — tiene sesgos que deben ser admitidos. Asume una posición progresista y humanista y propone — ejercicio tabú y arriesgado — una crítica de la democracia tal como solemos aceptarla. Propone finalmente algunas vías de mejora con la esperanza de motivar actos creadores, susceptibles de sacar algún día a nuestras sociedades humanas de los surcos que parecen conducirlas, una vez más, hacia más barbaries.

 

I. El fracaso de las arquitecturas constitucionales

Nuestra cultura política está impregnada del concepto de separación de poderes inscrito en las Constituciones. Esta separación de los tres poderes del Estado (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial), que se remonta a Montesquieu, aspira en el ideal a establecer un equilibrio de relaciones de fuerza, una balanza entre cada uno de estos poderes, de manera que ninguno tenga la tentación — o la posibilidad — de volverse dominante y hegemónico. Sin embargo, de lo que no somos suficientemente conscientes es de que el propio texto de estas Constituciones contiene en realidad los mecanismos muy concretos de la violación de esa separación. El caso de la Constitución francesa actual (1958), como el de la Constitución de los Estados Unidos y el de varios otros países, es revelador, y la lectura del pequeño libro de Eugénie Mérieau, Constitution (Mérieau, 2025), es en ese sentido esclarecedora… y algo aterradora sobre nuestra realidad política.

No se sabe pues suficientemente que en Francia la Constitución otorga enormes poderes al Ejecutivo y especialmente al Presidente de la República. Esta Constitución de 1958 — diseñada a medida por Michel Debré para el General de Gaulle — constriñe fuertemente la libertad del poder legislativo a través de un "parlamentarismo racionalizado" que confía la función legislativa esencial al ejecutivo y lo dota de herramientas jurídicas específicas que le permiten controlar, incluso eludir, el Parlamento (la Asamblea Nacional y el Senado). Así, para controlar esta función legislativa, el Ejecutivo dispone en particular de:

 

¿Democracia, dice usted?! Como puede verse, la Constitución de 1958 contiene una magnífica caja de herramientas para dirigir, incluso bloquear, cualquier veleidad de debate parlamentario si este no fuera del agrado del Presidente electo.

 

Pero el parlamentarismo racionalizado no es la única fuente de poder ofrecida al monarca republicano por la constitución. Por ejemplo, esta le otorga otro poder crucial, el de nombramiento "estratégico": el del Primer Ministro, de los miembros del Consejo Constitucional (sobre el que volveremos), y otros altos funcionarios. Esto significa que puede colocar a sus aliados en puestos de alta responsabilidad, claves en la estructura del Estado, y estos le serán por supuesto indeclinablemente deudores.

Este poder de nombramiento del Presidente incluye, como acabamos de ver, a los miembros del Consejo Constitucional. Este Consejo podría parecer el baluarte que protegería al pueblo de cualquier abuso por parte del ejecutivo respecto a los principios democráticos. Este Consejo que podría creerse compuesto por eminentes juristas especializados elegidos por sus pares, está en realidad compuesto por personalidades políticas nombradas por el propio Presidente y los presidentes de las asambleas. No se requiere ninguna competencia jurídica para formar parte de él — lo que favorece perfiles esencialmente políticos. Esto explica, como veremos a continuación, que la jurisdicción constitucional, en lugar de actuar como salvaguarda, acaba a menudo, en realidad, por servir de coartada a las derivas autoritarias del Ejecutivo.

 

La lista de la acumulación de poderes no se detiene ahí: ¡nos faltan los estados de excepción y de urgencia! En efecto, la Constitución de la V República y el derecho francés prevén varios mecanismos que permiten pasar a un régimen que suspende el funcionamiento democrático normal en favor de una mayor concentración de poderes; así, el Artículo 16 permite al Presidente de la República otorgarse plenos poderes, y este poder puede ejercerse por una duración ilimitada y sin verdaderas salvaguardas. ¡Su utilización es discrecional y solitaria, pues ni el Parlamento ni el Consejo Constitucional pueden realmente oponerse! Otra medida, la declaración de estado de urgencia (que no tiene su origen en la Constitución de 1958) permite dar a las autoridades militares y policiales total libertad para actuar fuera del marco jurídico ordinario y permite así medidas tales como los internamientos administrativos, los castigos colectivos o, más recientemente, la prohibición de redes sociales. Los jueces, ya sean constitucionales o administrativos, tampoco cumplen aquí sus roles de salvaguarda. El Consejo Constitucional censura en efecto muy raramente las medidas de excepción y ha autorizado la proliferación de los estados de urgencia y ha validado, mediante decisiones a veces "lacónicas", leyes que restringen las libertades (invocando las "circunstancias particulares").

 

En resumen, los poderes excepcionales y de urgencia permiten al ejecutivo suspender las garantías liberales clásicas — en nombre de la salvaguarda del Estado —, a menudo sin que las instituciones supuestamente destinadas a proteger la Constitución puedan o quieran intervenir, protegiendo a un Presidente que se vuelve "inalcanzable" y políticamente irresponsable, mientras que la separación de poderes se convierte en ficción.

El cuadro trazado por Eugénie Mérieau sobre la arquitectura constitucional como protección contra las derivas autoritarias es pues, en realidad, alarmante. Como en los regímenes autoritarios, una gran parte de nuestra constitución francesa es "semántica": pone en escena el poder pero no lo limita.

 

II. La democracia representativa no es la democracia

La democracia es reivindicada por todos los actores políticos: organizaciones internacionales, Estados, partidos políticos, personalidades públicas. Sin embargo, algunos de esos mismos actores se emplean activamente en vaciarla de sentido. La democracia se ha convertido en un término comodín, obligatorio, una fórmula de conveniencia que incluso los regímenes autoritarios, totalitarios y francamente antidemocráticos integran en su narrativa oficial. Detrás de este consenso de fachada se esconde una realidad mucho más oscura: la definición clásica del "gobierno del pueblo por el pueblo" no es más que una fórmula mitológica y engañosa. En realidad, un pueblo nunca se gobierna a sí mismo; es un espacio donde ciertos individuos gobiernan a otros. El voto, lejos de ser el acto puro de la soberanía, puede describirse como un momento de "guerra social" donde una parte de la población utiliza el aparato institucional para intentar imponer su voluntad a otra.

Este mito fundador se derrumba en cuanto se examinan los límites estructurales del modelo representativo. La democracia representativa se presenta como la única forma viable, marginalizando los modelos de democracias directas, sin embargo "más" democráticos en su principio, como meras curiosidades históricas. Incluso la referencia "icónica" a la democracia ateniense debe ser desmitificada: no le impedía estar reservada a una parte reducida de la población (los hombres libres) y no impedía ni la esclavitud ni la discriminación sistemática.

El problema central reside en el fetichismo de la elección: el sistema reposa sobre la agregación de opiniones espontáneas, formadas a menudo por rumores, prejuicios o manipulaciones mediáticas, sin que se haya organizado metódicamente la circulación de la información. Esta participación electoral es pues ficticia; da la ilusión del poder al ciudadano al tiempo que lo expone al riesgo de la manipulación de la información.

Esta ilusión del poder ciudadano reposa sobre un postulado epistémico falaz: el relativismo absoluto de las opiniones. La democracia institucional considera que todas las opiniones valen lo mismo y que ninguna verdad es superior al resultado de un voto. Esto abre la puerta al "derecho a la mentira", permitiendo a actores políticos difundir fake news y estadísticas manipuladas (pensemos en la inmigración o la seguridad) para justificar políticas crueles. Existe un "abismo" entre los saberes científicos establecidos y las decisiones tomadas por los parlamentos. La historia reciente está jalonada de leyes votadas contra la opinión unánime de las sociedades científicas y médicas, demostrando que el sistema supone que cualquier electo o ciudadano puede tener una opinión válida sobre todos los temas, de la climatología a la geopolítica, lo cual es absurdo ante la complejidad de los retos.

En el plano de la mecánica política, este sistema produce también, inevitablemente, una polarización destructiva. Al reducir las cuestiones de sociedad a posiciones electoralmente arbitrables, las democracias mayoritarias transforman el debate en duelo permanente, destruyendo los matices y bloqueando toda exploración creativa de opciones. Por un mecanismo matemático de eliminación del campo de las posibilidades, en detrimento de dos atractores opuestos, el campo político se empobrece y se vuelve binario. Así, observamos cómo el sistema moldea élites que prosperan en la oposición más que en la mediación. Los parlamentos, supuestos lugares de la deliberación, se transforman en teatros de inercia donde la disciplina de partido y la obsesión por la reelección impiden cualquier cambio de opinión frente a argumentos racionales.

Es sabido que detrás de esta máquina de votar se esconde una oligarquía política que obtiene su legitimidad de los votos ciudadanos pero que tiene muy pocas cuentas que rendir, pues la única sanción posible es la no reelección. Esta oligarquía está fuertemente ligada al mundo de los negocios; así, el clientelismo, la acumulación de mandatos y los empleos de dirección en grandes empresas ("puertas giratorias") — que permiten valorizar las redes desarrolladas en el servicio público — son sistémicos. Las estadísticas socioprofesionales de los electos del pueblo demuestran que esta clase "representante" no comparte nada sustancial con su base electoral: orígenes, trayectorias, intereses de clase. Se supone que el pueblo es soberano, pero solo lo es en el intervalo entre dos elecciones… y únicamente para elegir entre opciones predefinidas y traducidas por los espejos deformantes de los medios de comunicación propiedad de potencias financieras. El resto del tiempo, la soberanía está alienada y el ciudadano vuelve a ser súbdito.

Finalmente, conviene interrogar la dimensión ética de este sistema, esa "alma negra de la democracia" — según el término de Geoffroy de Lagasnerie (Lagasnerie de, 2026) —, a menudo silenciada. So pretexto de respetar la "voluntad de la mayoría", la democracia permite instaurar legalmente regímenes o medidas que pisotean los derechos fundamentales. La adhesión incondicional al derecho de voto, sin límite ético, podría enmascarar un deseo de seguir infligiendo sufrimiento a los demás por mediación de las urnas ("mi voto, tu cuerpo"). La legitimación de lo inaceptable se convierte en la norma.

En resumen, la democracia representativa aparece como un marco formal que, al privilegiar el número sobre la razón y la opinión sobre la verdad, acaba por convertirse en un instrumento al servicio del conservadurismo y de la violencia de Estado. Si la representación es deficiente, si la separación de poderes es una ficción, y si el pueblo está excluido de la decisión real, entonces la democracia no puede sobrevivir como simple formalidad electoral. Debe volver a ser una práctica, un proceso continuo de deliberación y control, o desaparecerá en favor de formas de gobernanza más brutales.

 

Este cuadro, por sombrío que sea, no es un acta de acusación contra la idea democrática en sí misma. Es, al contrario, un acto de fidelidad hacia ella. Pues es precisamente porque la promesa democrática lleva algo irreductiblemente justo — la igual dignidad de cada individuo, el rechazo del arbitrario, la posibilidad de una vida colectiva libremente consentida — que su traición por las formas institucionales que pretenden encarnarla es tan grave. Confundir la democracia con sus simulacros actuales no es un error inocuo: es la condición misma de su perpetuación.

Hay que distinguir pues cuidadosamente dos cosas que el discurso dominante se emplea en fusionar: el valor democrático — que sigue siendo una brújula moral y política indispensable — y los dispositivos procedimentales que se presentan como su realización obligatoria y definitiva. Esta confusión es el verdadero cerrojo intelectual de nuestra época. Mientras persista, toda crítica del sistema electoral representativo será inmediatamente recalificada como ataque contra la democracia misma, y todo llamado a formas alternativas de gobierno colectivo será presentado como una pendiente resbaladiza hacia el autoritarismo. Pues bien, es precisamente lo contrario: es el rechazo a pensar más allá del modelo existente lo que abre la vía a los regímenes autoritarios, dejando sin respuesta la frustración legítima de los pueblos que constatan que sus votos no cambian nada.

La pregunta que se plantea entonces no es: "¿hay que defender la democracia?"; es: "¿qué democracia, y por qué medios reales?". Si la representación es deficiente, si la separación de poderes es en gran medida ficticia, si el ciudadano solo es soberano en el breve intervalo de un voto entre opciones predefinidas, entonces la democracia no puede sobrevivir como simple formalidad electoral. Debe volver a ser una práctica — un proceso continuo de deliberación, control y exigencia —, o desaparecerá definitivamente en favor de formas de gobernanza más brutales, que sabrán, ellas sí, explotar hasta el final las fallas que nos negamos a nombrar.

Es a esta necesidad de repensar concretamente las arquitecturas del poder legítimo, más allá de las mitologías heredadas, a lo que nos dedicaremos a continuación.

 

Parte III — Los métodos de la nueva construcción ciudadana

3.1 — Salir del fetichismo procedimental: la primacía de los valores

El primer desplazamiento necesario es de orden conceptual, y quizás el más difícil de operar en tanto toca hábitos de pensamiento profundamente arraigados. La modernidad política ha sustituido progresivamente la pregunta "¿cómo se decide?" por la pregunta "¿para qué se decide?". Al colocar el procedimiento en el corazón de la legitimidad, creyó protegerse contra el arbitrario; en realidad abrió la puerta a la demagogia electoral, a la manipulación de las opiniones, a una posible tiranía de la mayoría y a la legalización de lo injusto.

Es tiempo de invertir esta jerarquía. Los valores fundamentales — la igual dignidad de cada ser humano, la protección contra toda forma de violencia física o psicológica, la libertad de conciencia y de expresión, los derechos de las generaciones futuras y los derechos del medio ambiente — no pueden ser objeto de un voto. Son su condición de posibilidad. Un escrutinio mayoritario que instituyera una medida injustamente discriminatoria no convertiría esa medida injusta en una medida legítima. El escrutinio produce legalidad, lo que no es lo mismo. Confundir ambas cosas es una de las grandes mistificaciones del constitucionalismo contemporáneo.

Esto implica en primer lugar un debate sobre la naturaleza de estos mismos valores, de estos derechos fundamentales, que permita establecer un amplio consenso en el seno de la población. Estamos lejos de partir de cero en este plano, y existe ya una amplia tradición de pensamiento construida desde la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 hasta la Declaración universal de los derechos humanos de 1948, que sería necesario revisitar a la luz de los retos éticos del antropoceno.

 

Esto implica luego repensar radicalmente la función de las instancias de control constitucional. Como hemos visto: el Consejo Constitucional tal como existe hoy es un órgano ampliamente cautivo del poder político que lo nombra. La solución no es reforzarlo en su forma actual, sino transformarlo en su naturaleza. Órganos provisionales, por ejemplo, constituidos por sorteo entre colegios de competencias — juristas especializados en derechos fundamentales, representantes de las sociedades civiles concernidas, expertos de los ámbitos afectados — podrían ejercer esta función de guardián de los valores de manera infinitamente más independiente. Su carácter no permanente permitiría sustraerlos a la lógica de las carreras y las lealtades; su composición plural, como una inmunidad contra la captura por un interés particular.

3.2 — Democratizar la deliberación

La segunda transformación necesaria atañe a la calidad del proceso deliberativo en sí mismo. El sistema representativo actual organiza una democracia de opinión: agrega preferencias preexistentes, formadas fuera de todo dispositivo de puesta en común del saber y de confrontación razonada de los puntos de vista. Lo que no hace — y lo que toda democracia digna de ese nombre debería hacer — es "organizar las condiciones de formación de una voluntad colectiva ilustrada".

Las experiencias muestran cómo las convenciones ciudadanas — que consisten en reunir plataformas de ciudadanos elegidos por sorteo para que formulen propuestas de reformas construidas tras una fase de información intensiva por parte de expertos — permiten romper con el modelo de la opinión espontánea y de la polarización de las elecciones, y permiten construir políticas consensuales. Así, aliado a una estrategia de información detallada, el sorteo, lejos de ser una curiosidad antigua, es la herramienta que mejor responde a esta exigencia (Reybrouck Van, 2014). Utilizado no para gobernar sino para deliberar sobre cuestiones de fondo, presenta virtudes que la elección no puede ofrecer: produce asambleas estadísticamente representativas de la diversidad social real, sustrae a los participantes de las presiones partidistas y mediáticas, y sitúa a ciudadanos ordinarios frente a la complejidad de los retos con el tiempo y los recursos necesarios para forjarse un juicio informado. Las experiencias de las asambleas ciudadanas en Texas — que prepararon el terreno a una ambiciosa política de generación de energía eólica en un Estado productor de petróleo — o de la Convención ciudadana por el Clima en Francia (pese a su falta de apropiación por el Ejecutivo), han demostrado que tal deliberación no solo es posible, sino a menudo de una calidad argumentativa superior a la de los parlamentos profesionales.

Los referéndums de iniciativa ciudadana (RIC), o referéndum de iniciativa popular (RIP) — una propuesta popular en Francia desde el movimiento de los Chalecos Amarillos — constituyen otra palanca que puede enriquecer fuertemente la democracia al permitir a una fracción de la población llevar un tema a la agenda colectiva. Es un proceso de democracia directa que permite a ciudadanos que reúnen un número de firmas fijado por la ley someter a la población un referéndum sin que sea necesario el acuerdo del Parlamento o del Ejecutivo. Estas iniciativas muestran también sus límites, en particular el riesgo de deriva hacia la tiranía de las mayorías contra las minorías, que solo la primacía de los valores fundamentales mencionada más arriba puede conjurar. El instrumento no es neutro: todo depende de las salvaguardas en las que se inscribe.

3.3 — Reformar la representación desde dentro

Sin esperar una refundación constitucional global — cuyas condiciones políticas no están reunidas —, varias reformas estructurales de la representación podrían reducir significativamente las patologías descritas en las partes anteriores.

El mandato imperativo y revocable es sin duda la más radical de ellas. Se trata de obligar a los representantes electos a respetar el programa y las posiciones por los que efectivamente han sido mandatados, y a rendir cuentas durante el mandato — no solo al final del mismo. La revocabilidad no es una idea extremista: es la condición lógica de una representación real. Sin embargo, el artículo 27 de la Constitución prohíbe el mandato imperativo para los miembros del Parlamento, estipulando que "todo mandato imperativo es nulo" y que el derecho de voto de los miembros del Parlamento es personal. Esto significa que los electos tienen una gran libertad de acción sin estar obligados a respetar estrictamente las directrices de sus electores. Que un electo pueda, una vez en el cargo, traicionar sistemáticamente sus compromisos sin otra sanción que la no reelección — a menudo hipotética y lejana — es una anomalía democrática flagrante que nuestra cultura política simplemente ha normalizado.

Los mecanismos de discriminación positiva — cuotas de paridad, representación de las clases populares, de los jóvenes, de las minorías — no son transgresiones a la igualdad formal: son su corrección necesaria frente a los sesgos de selección sistemáticos del sistema electoral. Las estadísticas socioprofesionales de las asambleas elegidas son, a este respecto, aplastantes. Representar al pueblo sin parecérsele es una contradicción en los términos que solo una reforma deliberada de los mecanismos de candidatura y financiación puede resolver.

Finalmente, la prohibición estricta de las puertas giratorias y de la acumulación de funciones entre mandatos públicos e intereses privados debe dejar de ser un deseo piadoso para convertirse en una restricción constitucional acompañada de sanciones reales. La porosidad entre clase política y mundo de los negocios no es un mal funcionamiento marginal del sistema: es, como hemos visto, una de sus características estructurales.

3.4 — La cuestión epistémica: gobernar con el saber

Queda una dimensión que las reformas procedimentales, por necesarias que sean, no pueden por sí solas resolver: la cuestión de la relación entre la decisión política y el saber. Hemos evocado el abismo que separa los consensos científicos establecidos de las decisiones tomadas en los parlamentos. Este abismo no se colma por la sola virtud de una mejor representación: exige mecanismos institucionales específicos.

Esto supone ante todo reconocer que no todas las opiniones valen lo mismo — lo que no es antidemocrático sino simplemente honesto. La libertad de opinión es un derecho fundamental; no confiere a cada opinión una igual validez epistémica. Un parlamento tiene derecho a decidir una política climática; no tiene derecho a negar los datos físicos sobre los que reposa la evaluación de sus consecuencias. Instituir un derecho de interpelación de las asambleas por parte de las comunidades científicas competentes, crear obligaciones de respuesta motivada a los dictámenes de expertos contradictorios, hacer públicos y accesibles los trabajos de peritaje que iluminan cada decisión legislativa: estas medidas no restringen la democracia, la elevan.

La lucha contra la desinformación institucional — la que es producida o tolerada por los propios actores del poder, y amplificada por medios de comunicación cuya concentración en manos de unos pocos intereses financieros ha sido cuidadosamente documentada — es una condición previa a toda deliberación democrática auténtica. Una democracia que no protege a sus ciudadanos contra la manipulación cognitiva organizada no es una democracia incompleta: es una democracia que ha abdicado.

Esta lista muy incompleta de propuestas no constituye un programa; numerosas experiencias prácticas de construcciones profundamente democráticas (como los presupuestos participativos) han sido experimentadas en todo el mundo y deben iluminar nuestras reflexiones. Deben considerarse también las múltiples posibilidades ofrecidas por las tecnologías de la información y de la inteligencia artificial — por supuesto equipadas de sus necesarias salvaguardas y de las garantías de la soberanía ciudadana — que pueden ayudar al diálogo y la deliberación humana. Estas propuestas deben apreciarse en su globalidad y tienen como voluntad trazar una dirección, un conjunto de principios a partir de los cuales una refundación democrática puede — y debe — repensarse. Por supuesto, una puesta en práctica de estas medidas radicales — observada desde el statu quo institucional actual — se toparía, huelga decirlo, con resistencias considerables y precisamente por parte de los actores que se benefician del sistema tal como existe. Pero el obstáculo no dispensa del pensamiento. Es al contrario precisamente porque el camino es difícil que es necesario cartografiarlo con precisión. A eso es a lo que estas páginas han intentado contribuir.

 

A modo de conclusión: el camino por delante…

Volvamos a la paradoja planteada en la apertura. Vivimos, decíamos, un momento históricamente raro: aquel en que los fracasos de nuestras arquitecturas democráticas son suficientemente visibles para ser por fin nombrados, analizados, comprendidos. Una ventana de aprendizaje. Pero esta ventana se abre precisamente en el momento en que las condiciones cognitivas necesarias para ese aprendizaje colectivo son las más degradadas — fragmentadas por la infoxicación, cortocircuitadas por la desinformación, agotadas por la aceleración. El momento en que más necesitaríamos pensar juntos es aquel en que pensar juntos es más difícil.

Esta paradoja no es una fatalidad. Es en sí misma el producto de un sistema que tiene interés en su propia perpetuación — y por tanto en la incapacidad de sus sujetos para pensarlo. La contracción epistémica que sufrimos no es solo una consecuencia de las crisis; es, en parte, una política. Reconocer eso es ya comenzar a liberarse de ella.

Todos tenemos la capacidad de pensar. Pero no pensamos — al menos, no suficientemente, no con suficiente libertad, no suficientemente de manera colectiva. La frase que serviría de esbozo a esta conclusión diría eso: el obstáculo no es la inteligencia: es el hábito, la comodidad de las narrativas heredadas, el miedo a lo que se encontraría si se mirara de verdad. Mirar de verdad es aceptar que las instituciones que llamamos democracias llevan en sí mismas los gérmenes de su propia traición. Es aceptar que el voto, solo, no salva nada. Es aceptar, finalmente, que repensar la democracia no es una opción reservada a los tiempos tranquilos — es una urgencia de los tiempos de crisis.

El camino por delante no está trazado. Ninguna de las propuestas esbozadas en estas páginas es una solución llave en mano; ninguna se bastará a sí misma. Pero la ausencia de solución inmediata no es una razón para renunciar al pensamiento — es, al contrario, su justificación más imperiosa. Las sociedades que han sabido atravesar sus crisis más profundas no han sido las que tenían las mejores respuestas preparadas de antemano: han sido las que han sabido, en el momento oportuno, plantear las preguntas correctas.

Planteémoslas.

 

Leer también aquí el ensayo de ficción:

 

Referencias

Branco, Juan, 2019.- Crépuscule. Au diable vauvert publ., Paris, 112 p. Descargar - aquí

Éthique Barbare (l'), 2025. - The Rise of the Right Wing Through an IAD Framework, Blog l'Éthique Barbare - aquí

Éthique Barbare (l'), 2025. - Comment nos démocraties représentatives génèrent la violence, Blog l'Éthique Barbare - aquí

Éthique Barbare (l'), 2025. - La démocratie à l'ère de la contraction épistémique, Blog l'Éthique Barbare - aquí

Éthique Barbare (l'), 2025. - Pourquoi l'accélération menace la participation — et comment construire une technologie institutionnelle du temps, Blog l'Éthique Barbare - aquí

Lagasnerie de, Geoffroy, 2026.- L'âme noire de la démocratie, Flammarion publ., 208 p. Ver en Flammarion - aquí

Mérieau, Eugénie, 2025.- Constitution, Anamosa publ., 108 p. Ver en Anamosa - aquí

Van Reybrouck, David, 2014.- Contre les élections, Actes Sud Publ., Ver en Actes Sud - aquí

 

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